Este 22 de mayo se celebra convocatoria de huelga general en el sector de la educación a nivel estatal. Se trata del primer paro general en este sector de la democracia en nuestro país.
Hemos hecho un recorrido por los distintos centros educativos de nuestro municipio y nos encontramos con un seguimiento desigual dependiendo de cada centro educativo.
En el Colegio Público ‘San Gregorio’, según nos informaba su director, Eusebio López, solamente cuatro de los veintinueve profesores, un 14%, del centro han secundado esta convocatoria de huelga. En cuanto al alumnado este centro cifra a esta hora el paro entre el 15 y el 20 por ciento de los alumnos.
En el IES Eugenio Frutos, nos informa su director, Mateo Borreguero que el seguimiento a esta hora sido masivo en torno al 70% del profesorado y también del alumnado solo el 20% ha acudido a clase.
En el Colegio Nuestra Señora de los Dolores, ningún profesor ha secundado esta convocatoria de paro y en cuanto al alumnado seguimiento nulo, nos decía la directora de dicho centro. Cabe recordar que a nivel general en este sector de los centros educativos de enseñanza concertada y privada no se ha hecho llamamiento para realizar y secundar este paro general.
ES LA PRIMERA HUELGA GENERAL DE ESTE SECTOR DE LA DEMOCRACIA
Más de siete millones y medio de estudiantes, sus familias y un millón de trabajadores están convocados este martes 22 de mayo a la huelga del sistema educativo, que por primera vez abarca todas las etapas desde Infantil hasta la Universidad.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública confía en que será un «éxito rotundo» y gozará de un «respaldo masivo», dado que en la iniciativa están involucrados tanto los sindicatos como representantes de los estudiantes y de organizaciones de padres de alumnos.
La huelga, que se ha convocado en todas las comunidades autónomas, a excepción de Baleares y País Vasco, se organiza en protesta por el recorte presupuestario en materia de Educación, cifrado en torno al 20 por ciento, y el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para racionalizar el gasto educativo, que persigue un ahorro de 3.000 millones más con medidas como incrementar la ratio de alumnos por aula o ampliar la horquilla de subida de tasas universitarias que pueden aplicar las autonomías.