El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado dos sentencias en las que condena al Servicio Extremeño de Salud por despido improcedente de dos celadores de los Puntos de Atención Continuada de Guareña y de Logrosán en Cáceres.
La Sala de los Social del TSJEx, en las sentencias a las que ha tenido acceso a Efe, condena de manera solidaria tanto al SES como a los Ayuntamientos de Logrosán y Guareña a indemnizar en el primer caso al trabajador con 12.500 euros y en el segundo con 11.300.
En ambos casos los trabajadores habían sido contratados para ejercer de celador en el PAC de sus localidades de acuerdo a la firma de un convenio entre el ayuntamiento y la Junta para el mantenimiento de esos centros.
En 2012 la Junta de Extremadura decidió extinguir esta subvención, indican las resoluciones, y el 15 de junio se les informó a los trabajadores que el 30 de junio finalizaría su contrato debido a esta causa.
Los trabajadores recurrieron esta decisión que fue rechazada en Primera Instancia, al considerar los despidos improcedentes y en el caso de Logrosán declaraba además «caducada la acción de despido formulada por la actora contra el SES».
Ahora, en cambio, el TSJEx estima los recursos de suplicación interpuestos por los trabajadores y declara la improcedencia de los despidos al considerar que hubo una «cesión ilegal».
En cuanto a dicha «cesión ilegal» la Sala señala que ya existen varias sentencias sobre este asunto y que apuntan a que «la contratación de trabajadores para cederlos a otra empresa, sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas».
En este caso los ayuntamientos procedieron a las contrataciones y al pago de las nóminas de los trabajadores, pero los encargados de administrar su trabajo era el SES, concluye la Sala.